EUROPA PRESS Verja y candado en la puerta de acceso a un edificio okupado

Eran las 8 de la tarde de una calurosísima jornada de mediados del pasado mes de julio cuando la familia García Galán regresaba a su casa en Getafe, después de haber pasado unos días en un camping a orillas del Pantano de San Juan. El matrimonio y su hijo de nueve años se habían reunido, huyendo del asfalto, con abuelos, tíos y primos para pasar las vacaciones en familia. La primera señal de alarma la detectó el padre, que iba al volante. En la puerta de su adosado a las afueras del citado municipio del sur de la capital, colgaban las tres viejas toallas multicolores que usaban después de refrescarse con la manguera antes de irse a dormir. Fue, sin embargo, su mujer quien, atónita, verbalizó tan extraño hallazgo preguntando qué demonios hacían ahí las toallas. Nada más bajar del automóvil, escucharon música, ladridos y risas que, sin duda, provenían de su propio domicilio. El estupor fue máximo cuando, en la puerta descubrieron tres viejos pero robustos candados que les impedían el acceso al hogar. A pesar de sus golpes en la valla y sus gritos, nadie en el interior pareció inmutarse.

Acababa de empezar para ellos una pesadilla de la que, ya les han advertido policía y abogados, tardarán mucho en “despertar”. Su casa había sido okupada. No era la única, la puerta de sus vecinos de la derecha, que pasan el verano en su pueblo de Extremadura, también lucía cadenas y candados. En ambos casos habían transcurrido más de las primeras 48 horas, durante las cuales el delito se considera de allanamiento de morada y, por lo tanto, los okupas pueden ser desalojados por la Policía. En su caso, los okupas llevaban una semana y a la vivienda, convertida en ya morada de los delincuentes, nadie puede acceder si no es con una orden judicial. Ya están esperando las primeras facturas de consumo de electricidad y agua del domicilio en que no viven y por supuesto, les han cargado en cuenta la hipoteca. Las autoridades y su propio abogado les han recomendado que, tras los primeros intentos de negociar un rescate con los okupas, se abstengan de pasar por allí porque sus precarios inquilinos a la fuerza son violentos. También que no se les ocurra cortar el agua o la electricidad, ni siquiera bajar su potencia, para evitar denuncias por coacción. Aún se encuentran en proceso de asimilar unos hechos que se repiten en toda España, con Barcelona a la cabeza, sin que hasta ahora se hayan establecido eficaces mecanismos para que los legítimos propietarios recuperen la posesión lo antes posible, zanjando así el inmenso e injusto despropósito.

La pasada semana, el Partido Popular registró en el Congreso una proposición de ley orgánica contra la okupación que pretende asegurar el desalojo inmediato, evitar el empadronamiento en estos domicilios, así como endurecer las penas en el caso de que se trate de mafias. Medidas que llevan años defendiendo a nuestros vecinos europeos. El Gobierno de Emmanuel Macron reforzó los derechos de los propietarios, que quedaban hasta ahora bloqueados y sometidos a la vía judicial si los okupas presentaban algún tipo de documento que justificase su estancia, aunque este fuera falso. El país galo, donde rige una ley antidesahucios en temporada de circunstancias climatológicas adversas (del 1 de noviembre al 31 de marzo), el Gobierno de Macron desactivó incluso esa excepción para los casos de okupación ilegal, en un claro esfuerzo por garantizar el derecho a la propiedad privada aunque se trate de segundas u ocasionales residencias. Allí, la constatación de una okupación por la policía judicial es suficiente para instar el desalojo y la autoridad competente dispone de un plazo de 48 horas para responder. Además, desde este año, los desalojos los podrán solicitar también las personas que actúen en nombre de los propietarios, por ejemplo familiares de afectados que estén internados en residencias o vivan con sus hijos. La nueva regulación gala llegó después de que Italia aumentase las penas de cárcel para los okupas o que la opinión pública alemana se hiciese eco del temor que anida entre sus compatriotas con posesiones en España a sufrir la okupación de sus residencias veraniegas. De hecho, en Alemania se contempla el desalojo de okupas denunciados en solo 24 horas y en Gran Bretaña, basta la sospecha policial de una okupación para que se produzca su actuación sin orden judicial y si hay denuncia de usurpación en sus primeros 28 días, el desalojo se lleva a cabo en 24 horas. Y en Dinamarca y Suecia solo se requiere un título que identifique al propietario para liberar la vivienda.

Aquí, a pesar de la reforma de 2018, la indefensión de los legítimos propietarios continúa siendo un inmenso problema que siempre se agrava durante el periodo estival. La cifra de viviendas usurpadas cada año ha pasado de 6.233 en 2011 a 17.274 en 2021, un aumento del 40 %. Y aunque la acusada evolución del dato es, ya de por sí, alarmante, desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación, una de las muchas que aglutinan a las víctimas de este fenómeno, advierten de que las cifras no se acercan a la realidad, ya que hay propietarios, quienes pueden permitírselo, que recurren de inmediato a los “acuerdos extrajudiciales”. En definitiva, acceden al chantaje y pagan a los okupas para que se vayan. Saben que lo contrario, entre la lentitud de la justicia, los años de demora, las pérdidas económicas y los daños psicológicos, puede simplemente arruinarles la vida.

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